El legislador radical Lisandro Nieri en su proyecto de reforma laboral explicó que incluye que el bloque de diputados de la UCR que rescata el capítulo laboral del DNU 70 y trataría el Congreso. Uno de los puntos que afecta el financiamiento de los sindicatos, que es un aporte compulsivo de todos los trabajadores, estén o no afiliado a un sindicato.
El radicalismo no tiene una postura consensuada sobre la reforma laboral que impulsa el Gobierno. El bloque de senadores nacionales de la UCR impulsó un proyecto limitado que la CGT celebró casi como si fuera propio, mientras que los diputados nacionales del partido presentaron una iniciativa que rescata varios de los artículos del DNU 70, pero hay uno en el que van más allá de lo que propusieron los libertarios y que puso al sindicalismo en alerta porque afecta su financiamiento.
Lo curioso es que ese proyecto de los diputados radicales es, en teoría, el que auspiciaría el oficialismo para que el Congreso incorpore a la Ley Bases la “modernización laboral” que no pudo hacer por decreto, pero incluye ese artículo que directamente elimina las cuotas solidarias, el recurso más eficaz para el financiamiento de los sindicatos a través de los descuentos compulsivos de una suma pactada en los convenios colectivos de trabajo, que el Poder Ejecutivo propuso, a través del DNU 70, que debían contar con el “consentimiento explícito” del trabajador para ser descontada.
Sin embargo, se trata justamente del artículo que el Gobierno está dispuesto a sacar de la nueva versión de la reforma laboral para tratar de congraciarse con la CGT, tal como aseguraron los funcionarios libertarios en la reunión que mantuvieron la semana pasada en la Casa Rosada.
Lisandro Nieri, diputado radical por Mendoza y uno de los promotores de la iniciativa, explicó a Infobae el sentido de los cambios que propone el radicalismo en las leyes laborales y se diferenció de la estrategia oficial de acercarse a la CGT con una reforma laboral light: “No podemos discutir el financiamiento de un sindicato a costa del bolsillo de los trabajadores”, afirmó.
Presentamos el proyecto desde el radicalismo y le manifestamos al Gobierno que una reforma estructural de la Argentina requiere ordenarse en lo macroeconómico, pero que no es condición suficiente para crecer y atraer inversiones ya que hacen falta reformas estructurales. La más urgente y más necesaria de esas reformas es la laboral. Aunque el Gobierno lo había presentado en el DNU, el capítulo laboral fue suspendido por la Justicia. Por eso nos parecía una buena oportunidad tratarlo en el marco de la Ley de Bases que promueve el Poder Ejecutivo.
