El Tribunal Oral Federal 4 condenó a Julio De Vido por uno de los primeros escándalos de corrupción del kirchnerismo relacionado con la adjudicación de obras de ampliación de gasoductos a la empresa sueca Skanska.
Los jueces determinaron que el ex ministro de Planificación Federal reciba una pena de 5 años de prisión, inhabilitación especial perpetua por el delito de cohecho pasivo en concurso ideal con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en carácter de coautor.
Con este veredicto, De Vido sumó la quinta condena por hechos de corrupción, que se agregan a los 4 años por la compra de los Trenes Chatarra; los 4 años por sobreprecios en la importación de GNL; los 3 años en suspenso por la casa Odebrecht, y los 4 años confirmados por la Corte Suprema en Tragedia de Once, por la que cumple arresto domiciliario en su casa de Zárate.
Otro de los condenados fue el ex secretario de Obras Públicas, José López, a 5 años de prisión, inhabilitación especial perpetua por el delito de cohecho pasivo en concurso ideal con administración fraudulenta en carácter de coautor.
El ex gerente de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa: 5 años como responsable del delito de cohecho pasivo en concurso ideal con el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en carácter de coautor.
Los directivos y gerentes de Skanska, como Mario Piantoni, Gustavo Vago y Javier Azcárate: 4 años de prisión por considerarlos culpables de cohecho activo en calidad de coautores en concurso ideal con el de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública como partícipes necesarios.
Héctor Osvaldo Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Juan Gerlero, Roberto Antonio Zareba, Alfredo Greco, Adrián López: a 3 años de prisión por considerarlos responsables de cohecho activo en calidad de coautores en concurso ideal con el de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública como partícipes necesarios. Durante ese término deberán cumplir con las reglas de conducta relativas a fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato.
Por otro lado, el tribunal ordenó el decomiso de $34.594.947,34 en concepto del producto del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública nacional, y de $14.017.588,69 por el producto del delito de cohecho, que deberá ser actualizado a la fecha de ejecución.
Los fiscales Abel Córdoba y Joaquín Gaset habían sostenido en su alegato que De Vido, López y Ulloa actuaron de manera conjunta y coordinada para direccionar licitaciones en favor de la constructora, utilizando concursos privados sin justificación y permitiendo así la maniobra fraudulenta.
