Envió un oficio a la Corte Suprema para que informe si alguna de las 111 propiedades será asignada al máximo tribunal o al Consejo de la Magistratura

El Tribunal que condenó a la ex presidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión en la causa Vialidad aguarda una respuesta de la Corte Suprema de Justicia para avanzar con el decomiso de bienes, que fue parte de ese veredicto y quedó confirmado por la Cámara Federal de Casación.
En concreto, el Tribunal Oral Federal 2 envió un oficio a la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura del máximo tribunal del país para que considere y determine si alguno de los bienes inmuebles sujetos a decomiso “será afectado y asignado, por razones de un mejor servicio de justicia, para su propio uso o para el del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación”,.
La misiva fue firmada por el juez del TOF2 Rodrigo Giménez Uriburu en el marco de la puesta en marcha de decomiso, contra el que la defensa de la ex presidenta presentó esta semana un recurso extraordinario ante la Corte.
Se trata de propiedades de los condenados Cristina Kirchner y el dueño de “Austral Construcciones”, Lázaro Báez, quien también recibió una pena de seis años de prisión por administración fraudulenta, a raíz de la adjudicación irregular a su favor de obras viales en Santa Cruz durante el kirchnerismo.
Apenas se firmó el fallo de Casación que validó el decomiso sobre 111 bienes, incluidas 19 propiedades heredadas o recibidas en cesión por Máximo y Florencia Kirchner, el TOF2 informó de ello a la Corte y requirió la información sobre si hay bienes sobre los cuales dispondrá el máximo tribunal.
Cuando ordenó el decomiso el año pasado, el Tribunal que llevó adelante el juicio Vialidad destacó que la Corte Suprema es administradora de los bienes recuperados y evaluó que se podría -por estrictas razones de justicia- destinar parte de ellos a la ciudadanía santacruceña, afectada por la maniobra de corrupción.
La ex presidenta presentó ya un recurso extraordinario federal contra la resolución de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal que confirmó el decomiso de bienes, tanto para ella como para Máximo y Florencia Kirchner. Ese último tribunal debe resolver si concede el recurso o lo deniega. Si se da esta última posibilidad, solo quedaría ir en queja directa ante la Corte.
El monto actualizado para el decomiso de todos los condenados es de $684.990.350.139,86, una decisión que para la defensa no está firme todavía.
Los hijos de la expresidenta pidieron conservar 19 bienes, que incluyen 10 departamentos y 2 casas en Río Gallegos, y varios terrenos ubicados en Lago Argentino, provincia de Santa Cruz.
Cuando apeló la decisión del TOF2, el apoderado de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, Luis Goldín, alegó que los hijos de Cristina Kirchner no están condenados y por ende no corresponde incluir sus propiedades entre los bienes sujetos a futuros remates o a fines sociales. Y advirtió por una lesión al derecho de propiedad y vulneración del principio de inocencia y del debido proceso.
Casación ratificó en abril último la recuperación efectiva de activos por corrupción y consolidó el criterio de que “los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aún cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados”.
El Tribunal ratificó que la ley contempla que la medida pueda ir más allá de la persona del condenado. “El decomiso no persigue castigar a los actuales titulares, sino recuperar para el Estado aquellos bienes cuya causa jurídica se encuentra afectada por su vinculación con el delito ya juzgado”, sostuvo el camarista Gustavo Hornos en su voto.
Cuando ordenó avanzar con la sentencia, el Tribunal Oral fijó una ventana temporal y ordenó a la fiscalía a cargo de Diego Luciani identificar bienes inmuebles adquiridos por los condenados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, período delimitado por el tribunal como relevante para la maniobra delictiva. El fiscal incluyó los bienes de los hijos de CFK en este listado.


