Luis Naidenoff, que preside la bancada de senadores de la UCR, afirmó que el Presidente “sobrepasó todos los límites” al “bastardear la memoria de Nisman que ya no puede defenderse y amenazar al fiscal que con valentía investigó y acusó al poder real que hoy gobierna a la Argentina”.

Mientras que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, abrió el interrogante: “¿(Presidente) toma conciencia de la gravedad de sus dichos?”. Con el mismo tono, la ex gobernadora y actual legisladora nacional, María Eugenia Vidal, se preguntó: “¿Es una amenaza?”.
“Es una total irresponsabilidad sugerir que el fiscal Luciani pudiera suicidarse. Nadie espera mucho de usted, @alferdez, pero al menos absténgase de seguir diciendo imbecilidades”, declaró en su cuenta de Twitter, el liberal Ricardo López Murphy.
También opinó al respecto, el referente libertario Javier Milei: “Alberto Fernández no sólo está destruyendo la economía (rebotar no es crecer y además vuela la inflación) e impulsó una cuarentena cavernícola que no evitó un desastre en términos de vidas humanas, sino que además busca exterminar las instituciones con un mensaje que raya lo mafioso”.
El mandatario expresó la polémica declaración sobre los fiscales cuando este miércoles salió en defensa de Cristina Kirchner en la causa que se investiga el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en favor de Lázaro Báez en la cual Luciani y el fiscal Mola pidieron para la Vicepresidenta 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
“En esta causa Cristina Kirchner no tiene nada que ver, no tengo ninguna duda. ¿Quién va a querer ser presidente en la Argentina si se va a tener que hacer responsable de todo lo que pasa debajo de su gobierno?”, manifestó el responsable del Poder Ejecutivo.
“Es de una debilidad todo lo que ha dicho Luciani”, criticó y consideró que bajo la lógica del fiscal de la causa Vialidad “se construyen doctrinas que después son peligrosas”: “Nosotros tenemos que entender que no se puede trabajar así el derecho penal como se está trabajando en la justicia federal argentina. Desde el 2016 en adelante la prisión preventiva se aplicó como pena anticipada. Se utilizó la teoría de la posibilidad de que podía tener alguien de influir y que lo dejaban detenido por el poder residual que alguna vez tuvo”.


