El monto proyectado por la cámara minera representa un salto del 49% respecto al año pasado, pero el sector advierte que el desafío es asegurar que el aumento de inversiones e ingresos se refleje en mayor participación de proveedores locales y generación de empleo genuino a nivel nacional
Las exportaciones mineras argentinas alcanzarán los USD 9.000 millones en 2026, impulsadas por un escenario de recuperación de precios internacionales en oro y litio, lo que representaría un incremento cercano al 49% respecto al año pasado. Esta proyección de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) sitúa al sector como uno de los vectores de crecimiento más destacados de la economía, aunque advierte sobre los desafíos regulatorios y la necesidad de generar un impacto positivo en el territorio nacional.
Según Roberto Cacciola, presidente de CAEM, el cierre de 2025 dejó un saldo exportador de USD 6.056 millones, que ya había implicado una suba del 30% en relación a 2024. En tanto, la previsión para 2026 se calculó a partir de precios internacionales del oro, la plata y el litio que incluso fueron tomados con criterio conservador: “Si se mantienen las cotizaciones actuales, ese número puede ser incluso USD 1.000 millones superior“, enfatizó.
Según CAEM, el precio actual de los metales supera el de referencia estimado en el cálculo, lo que otorga margen alcista al pronóstico para el sector.
Según resaltó Cacciola, la actividad minera representa en la actualidad cerca del 20% del volumen económico que mueve el sector agropecuario del país. Las provincias de Catamarca (93,2%), Santa Cruz (85,5%), San Juan (85,4%), Jujuy (80,6%) y Salta (44,2%) concentran el mayor peso sectorial, de acuerdo a cifras citadas por la CAEM durante una presentación que tuvo lugar este lunes en Buenos Aires.
En el caso del litio, el crecimiento es sostenido tanto en producción como en exportaciones, con una proyección de ventas externas superior a USD 1.400 millones para 2026. Cacciola puntualizó la diferencia con la evolución del oro y la plata, donde la recuperación de valor provino casi exclusivamente de los altos precios internacionales y no de un aumento en el volumen extraído: “Si los precios regresaran a los niveles de 2022, ninguna mina de oro y plata podría sostener sus operaciones en la Argentina a causa de los altos costos actuales”.
Uno de los puntos salientes de la exposición de Cacciola fue la evaluación de la puesta en marcha del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según datos de la cámara que reúne a más de 190 empresas del sector, actualmente hay 13 proyectos presentados. Siete de ellos ya aprobados, mientras que son dos los emprendimientos que se destacan. En particular, Glencore y Vicuña, que concentran más de USD 30.000 millones en solicitudes de incentivo, cuya aprobación se espera para las próximas semanas.
Si estos siete proyectos avanzan plenamente, podrían generar USD 22.000 millones adicionales en exportaciones hacia 2035, principalmente en cobre y litio. Según Cacciola, el potencial ya no depende del hallazgo de yacimientos, sino de la capacidad de concretar inversiones: “Los recursos están validados geológicamente; no dependen de una condición potencial, sino real. Las proyecciones se basan en datos certeros sobre la existencia de minerales”, afirmó ante el auditorio de la CAEM.
El RIGI también abre un interrogante sobre la política de proveedores, ya que hasta el 80% de los componentes y servicios podrían ser importados bajo las condiciones actuales. “Eso resultaría contraproducente para el país”, advirtió Cacciola, quien abogó por buscar un equilibrio: “Tan malo es un compre local indiscriminado como permitir que cualquier insumo pueda ser importado sin discusión. El desarrollo minero debe crear un efecto derrame positivo en Argentina y tiene que haber sentido común”.
En términos de empleo, la industria genera hoy más de 100.000 puestos directos, con una ratio de dos empleos indirectos por cada trabajador directo. La remuneración promedio supera en 2,5 veces el salario nacional y la informalidad es ínfima (1,3% contra los niveles generales de la economía). Actualmente, existen 800 empresas como proveedores en proyectos en desarrollo, y unas 550 sostienen la operación diaria del sector.
Sin embargo, la continuidad y expansión de estos resultados dependen de la aprobación de proyectos bajo el RIGI, así como de la capacidad de articular entre Nación y provincias un esquema que fomente el desarrollo local y el empleo en toda la cadena minera.
El desarrollo a largo plazo encuentra escollos estructurales en cuestiones de infraestructura, judicialización normativa y articulación política. La Ley de Glaciares continúa judicializada, aunque, según Cacciola, tanto el gobierno nacional como la mayoría de las provincias —incluyendo Catamarca, Salta, Santa Cruz, Córdoba, Santa Fe y Jujuy— muestran una sintonía inédita a favor de destrabar inversiones estratégicas. En ese contexto, la definición sobre áreas de geoformas en revisión —estimadas entre 100 y 200 sobre el total inventariado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA)— podría marcar un punto de inflexión para el avance de los proyectos.
Otro de los desafíos expuestos fue el de la infraestructura, indispensable para acompañar el crecimiento proyectado. Cacciola recalcó que la planificación debe contemplar corredores tanto hacia el Atlántico como hacia el Pacífico y no descarta que parte de la producción salga a través de Chile, “pensando una minería para los próximos 100 años”. Frente a la escasez de inversiones en logística, abogó por “abordar el desarrollo minero con inteligencia”, orientando el esfuerzo público y privado a potenciar la red de servicios asociados.
En el plano provincial, se destacó el régimen 90/10 de Santa Cruz, que exige 90% de operarios residentes locales. Cacciola señaló que este objetivo resulta alcanzable si se invierte en formación técnica y capacitación, aunque la carencia de profesionales calificados permanece como obstáculo.
El nuevo mapa político provincial y la interacción fluida entre los gobernadores aparecen como ventajas comparativas respecto de años anteriores, explicó el titular de la CAEM. La transformación cultural, expresada en el reconocimiento generalizado de la necesidad de equilibrio fiscal, desregulación y apertura a la inversión, se perfila como garantía para el crecimiento a mediano plazo, cuyo principal motor será la coordinación entre sectores público y privado.
Ante la pregunta sobre la sostenibilidad de un esquema mayoritariamente orientado a proveedores del exterior, Cacciola insistió en la construcción de consensos y el diálogo como vía central: “Si no logramos consenso, no nos va a ir bien. Necesitamos sumar a todos los actores —sector público, sector privado—, buscar soluciones en conjunto y promover el sentido común”.
El futuro cercano prevé la multiplicación de inversiones —“a partir de 2028 y 2029, una vez resuelta la ley de Glaciares, el desembolso de capitales externos puede acelerarse considerablemente”—, pero la condición será asegurar que el resultado trascienda los indicadores agregados y se refleje en una corriente de empleo y desarrollo sostenible. La minería, remarcó Cacciola, no resolverá sola los problemas estructurales de la Argentina, pero su expansión puede contribuir decididamente a la economía real de las provincias y a la diversificación de la matriz productiva nacional.
