Asesinatos, amenazas y una inseguridad cada vez mayor sacude el norte de la provincia de Salta. Localidades del departamento San Martín están cercadas por las guerras entre bandas narcos, pero la situación es especialmente difícil en Orán, en donde el narcotráfico ya controla la seguridad y la Justicia y mantiene fuertes vínculos con la política.
En la madrugada del martes, Tartagal fue escenario de un hecho sangriento en B° Santa Rita en el marco de lo que sería una disputa por venta y deudas de drogas «al menudeo».
Según trascendió, eran cerca de la 1 de la madrugada y en el barrio se desató un violento enfrentamiento en un domicilio, donde según versiones oficiales se habría producido un intento de robo de algunos artefactos domésticos por parte de dos o más personas.
Este intento de robo tendría que ver con una modalidad que usan para cobrar o achicar «deudas» por drogas. «No pagás, te secuestran bienes hasta que achicas la deuda» contó un vecino.
En este intento de robo, la familia víctima ofreció tenaz resistencia y uno de sus integrantes, Héctor Segundo de 26 años, fue gravemente herido con un machete y perdió la vida a pesar de los intentos que hicieron por salvarlo en el hospital Juan Domingo Perón, al que había llegado en un vehículo particular.
Tras la muerte de Segundo, la policía montó una guardia policial en la puerta de la familia Orellana por posibles represarías, ya que había sido señalado por los conocidos «soldaditos» como el lugar donde fue atacada la víctima.
Pero la venganza se dio poco después en la vía pública, allí un joven identificado como Nélson Sebastián Orellana fue atacado a machetazos por un sujeto apodado «Aguja», quien sería el padre del fallecido Segundo.
Este joven de apellido Orellana fue internado en grave estado y se encuentra con custodia policial, porque se cree por versiones que está sospechado de ser uno de los autores de la muerte del joven Segundo.
Sobre el cuerpo de Héctor Segundo se supo que fue trasladado a Orán donde se le practicará la autopsia y se esperan novedades respecto a detenciones e imputaciones durante la jornada.
En tanto el cuerpo hallado en Orán tenía 27 puñaladas y estaba vinculado con el clan Castedo. El domingo se encontró un cuerpo sin vida en avanzado estado de descomposición a orillas de la Ruta Provincial 5. La autopsia no solamente determinó que el cuerpo presentaba 27 puñaladas, sino que también pudo identificar al hombre, Ricardo Erva de 45 años, que habría estado relacionado con las operaciones del Clan Castedo.
El cuerpo fue hallado en avanzado estado de descomposición y la autopsia reveló que tiene 27 puñaladas, cuatro de ellas en el cuello. El hombre se encontraba desaparecido desde hace alrededor de una semana.
Fuentes de la investigación aseguraron que el hombre estuvo al frente de una finca de los Castedo, fue sorprendido transportando cocaína con el sello del delfín por lo que fue condenado, pero quedó libre luego de cumplir la condena en el penal federal de General Güemes.
Un familiar de Ricardo Erva, de 45 años, contó que debía trasladar una camioneta de Colonia Santa Rosa hacia Pocitos, tras lo cual el 25 de septiembre por la noche pretendía volver a su casa, pero eso no ocurrió. El 29 pasado lo hallaron brutalmente asesinado a quien fuera una «pieza clave» dentro de la organización criminal liderada por Reynaldo Delfín Castedo.
Tanto el intendente de Agua Blanca, Carlos Martínez, su abogado, Roberto Serrano y el juez Claudio Parisi, se encuentran detenidos por sus vínculos con el narcotráfico. El senador Jorge Soto es presidente de la Comisión de Justicia y representante por la mayoría del Senado para conformar el Jury de enjuiciamiento en contra del juez Claudio Parisi, aseguró que las mafias ya están instaladas en Salta.
Este lunes, el jurado de enjuiciamiento, hizo lugar al pedido del juez de Orán, Raúl López, y así hacer lugar al pedido de allanamiento de la inmunidad constitucional del Juez de Garantías de Segunda Nominación del Distrito Judicial Orán, Claudio Alejandro Parisi.
El senador sostuvo que esta determinación se tomó “con el objeto de poder continuar el proceso para lo que era necesario allanar la inmunidad del juez”. Agregó que esta determinación se toma desde un punto de vista político y ético para poder avanzar en la investigación.
Soto, sostuvo que “están extremadamente preocupados por la situación que vive” con los casos de inseguridad que han generado alerta en la comunidad. “Es evidente el avance de organizaciones mafiosas” aseveró.
El legislador también aseguró que es necesario reforzar el trabajo desde Nación con la presencia de fuerzas nacionales. “El gobierno provincial hace lo que puede, pero necesitamos más refuerzos desde Nación. En numerosas oportunidades le hemos pedido a los legisladores nacionales que soliciten más acompañamiento”.
