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Aprobaron el protocolo para retomar las clases presenciales

Se priorizará quinto año del nivel secundario y séptimo de nivel primario, y se exigirá el cumplimiento estricto del protocolo de seguridad.

El ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Matías Cánepa, participó en la  97ª Asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE), presidida por el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta y en la que participaron las 24 jurisdicciones, representantes de sindicatos docentes, legisladores nacionales y asesores.

Se aprobó de manera unánime el documento “Protocolo Marco y lineamientos federales para el retorno a clases presenciales en la educación obligatoria y terciaria”. Esta resolución fija los lineamientos obligatorios marco y recomendaciones generales, que le permitirá a cada provincia y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, elaborar planes progresivos y acorde a sus particularidades que garanticen un retorno seguro a los establecimientos en el momento en que la situación epidemiológica lo permita.

El titular de la cartera educativa nacional, sostuvo: “Esta reunión es parte de la estrategia conjunta que venimos transitando para poder proyectar un regreso seguro a las aulas, priorizando siempre la salud de toda nuestra comunidad educativa. La realidad de la circulación del COVID-19 en el país es muy diversa, por eso sostenemos la importancia de la construcción de consensos ayudando a contener y derribar los lógicos temores que pueden tener nuestras familias, docentes y estudiantes”.  

A su vez, Trotta se refirió a los próximos pasos que se llevarán adelante: “Partimos de una base, como señala el DNU, relacionada a la situación de la circulación del virus; luego, la preparación de las escuelas, garantizar la seguridad e higiene. También, tenemos la obligación de avanzar en las instancias de formación y capacitación del personal docente y no docente de cara a la vuelta a las escuelas, al mismo tiempo que prepararemos a nuestras y nuestros estudiantes y familias para la nueva normalidad de las aulas”.

Por su parte, Cánepa aseguró que “este protocolo regirá en toda la Nación para una vuelta escalonada de clases presenciales, que será reducida pero que permitirán mejorar los procesos de aprendizajes en los que se vienen trabajando”. Esto se realizará de manera gradual y siempre que lo permita la situación epidemiológica y priorizando en una primera etapa a los alumnos que se encuentran cursando el último año sea de nivel primario, secundario o terciario.

Y aclaró: “Este es un protocolo base que adecuaremos a la realidad de la provincia, en diálogo con los sectores docentes. Estamos trabajando para que todas las escuelas puedan cumplir con estos lineamientos. En cualquier caso que eso no sea posible de garantizar, esa unidad educativa no podrá abrir sus puertas, hasta que el problema sea subsanado”.

El protocolo marco y los lineamientos federales establecen un conjunto de pautas de trabajo que promueven un ordenamiento en las actividades inherentes al retorno a las clases presenciales, basadas en criterios sanitarios y salud y seguridad en el trabajo, así como de organización escolar y pedagógica. El documento constituye un piso mínimo de requerimientos para la apertura de instituciones educativas, a partir de los cuales cada jurisdicción podrá adecuarlos a la realidad local. Estas pautas básicas para el rediseño de la dimensión física y de los flujos del movimiento dentro de la escuela se basan en el distanciamiento físico, el tiempo de exposición, la higiene personal, entre otros.

La reanudación de las clases presenciales en el país tendrá las siguientes características: Se realizará a través de un escalonamiento progresivo, de acuerdo con criterios epidemiológicos de evolución de la pandemia y las características sociodemográficas, articulando tiempos de presencialidad y de no presencialidad bajo un modelo “bimodal” y en las fechas propuestas por cada jurisdicción. 

Las provincias deberán presentar un Plan Jurisdiccional de retorno ante el Ministerio de Educación de la Nación. El mismo deberá contemplar en su organización y alcances, lo establecido en el documento acordado y tener la aprobación de las máximas autoridades educativas y sanitarias de cada jurisdicción.

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