El Gobierno de la Provincia de Salta formalizó el Decreto 493 para aprobar el Convenio de Extinción de Obligaciones Recíprocas pactado con el Estado nacional, acuerdo que establece un mecanismo de compensación financiera bilateral, destinado a ordenar los créditos y débitos pendientes entre ambas jurisdicciones.
Dentro del cruce de cuentas, Nación reconoció una acreencia a favor de Salta por $1.868 millones vinculada a compromisos de obra pública para vivienda. Por su parte, la jurisdicción provincial reconoció obligaciones por $267.782 millones, compuestas principalmente por un anticipo financiero de $259.000 millones, sumado a intereses y saldos del Fondo Federal Solidario.
Tras la deducción de los montos recíprocos, la liquidación final arrojó un saldo neto a favor del Estado nacional de 265.914 millones de pesos. La cifra resultante permite regularizar la totalidad de los compromisos financieros históricos mantenidos entre ambas partes.
Para la cancelación del remanente, las autoridades fijaron un esquema de financiamiento que contempla un primer tramo de 77.700 millones de pesos en cuatro cuotas mensuales a partir de agosto. Además, el programa de pagos se completa con un desembolso de 7.986 millones de pesos en diciembre, junto a un plan para el capital restante sujeto a una tasa nominal anual del 15%.
Como resguardo de la operación, el convenio faculta a la Nación a aplicar retenciones sobre los recursos de la coparticipación federal que corresponden a Salta en caso de ser necesario, garantizando el cumplimiento previsible del cronograma financiero acordado por las administraciones.
Asimismo, la resolución del marco prestacional abarca compromisos institucionales que incluyen el desistimiento de las acciones judiciales iniciadas oportunamente por la Provincia contra la Nación. De este modo, el consenso alcanzado cierra las controversias legales previas y normaliza las relaciones económicas entre los dos niveles de gobierno.
