La Cámara Federal de Casación Penal rechazó recursos de queja de las defensas. También están acusados su esposa y dos presuntos testaferros. Las maniobras se extendieron entre 2003 y 2017
La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme este jueves el procesamiento del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y de su esposa, Alessandra Minnicelli, por el presunto enriquecimiento ilícito que habría pergeñaron entre los años 2003 y 2017. La misma suerte corrieron otros dos acusados: Juan Manuel Sebastián Pérez y Susy Inés Bello Knoll, señalados como testaferros.
Los magistrados Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, que integran la Sala IV, denegaron el recurso de queja de la defensa debido a que el procesamiento “no se trata de una sentencia definitiva o equiparable a tal”.
De Vido acaba de recibir el beneficio de la prisión domiciliaria. Estaba arrestado en la cárcel de Ezeiza por su condena vinculada a la tragedia de Once, pero salió por cuestiones de salud. Ahora cumple la pena en su chacra de Zárate, en la provincia de Buenos Aires.
La Cámara Federal porteña, en la instancia anterior, ya había confirmado los procesamientos ordenados a partir de la investigación impulsada por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Stornelli.
La pesquisa concluyó que el matrimonio experimentó un incremento económico “apreciado e injustificado” mientras ocupaban cargos públicos, y durante los dos años siguientes a que el ex ministro dejara el Congreso Nacional, donde ejerció como diputado.
Minnicelli trabajó en la Sindicatura General de la Nación desde el 19 de junio de 2003 hasta el 20 de noviembre de 2007, y se la procesó porque habría “actuado con su cónyuge para incrementar y disimular su patrimonio por fuera de sus ingresos legítimos”, según consta en el expediente.
Según la instrucción fiscal llevada adelante por Stornelli, ambos actuaron conjuntamente para ocultar bienes. El monto total bajo escrutinio supera los 687.000 dólares estadounidenses.
Uno de los ejes centrales del procesamiento es la compra de un departamento sobre la Avenida del Libertador, en la Ciudad de Buenos Aires, adquirido entre 2007 y 2009 mediante una estructura societaria que, según la pesquisa, habría buscado ocultar la titularidad real del inmueble.
El juez sostuvo que el matrimonio habría utilizado fondos sin justificación lícita para adquirir la propiedad, que fue registrada a nombre de la empresa Uni-Vite Argentina S.A., cuyo capital no habría permitido afrontar una operación de esa magnitud. De acuerdo con la causa, pese a ser los verdaderos propietarios, De Vido y Minnicelli habrían simulado ser inquilinos hasta octubre de 2018 y continuaron ocupando el inmueble hasta marzo de 2023.
La investigación pasó por tres jueces y retomó distintos elementos investigados en otras causas, entre ellos los hechos que se debaten en el Tribunal Oral Federal 7 en el caso Cuadernos, donde De Vido es en la actualidad juzgado, y la condena por lavado de dinero dictada en un juicio oral contra Nélida Caballero, ex cocinera de la residencia del entonces ministro de Planificación Federal.
