Las especialistas fueron denunciadas por violación de los deberes de funcionario público y falso testimonio por hacer caso omiso a las advertencias en torno al maltrato que, aseguran, sufría el niño.
La Fundación Mas Vida, que también se había involucrado en el caso de Lucio Dupuy, ingresó este martes una denuncia penal contra las psicólogas Jennifer Leiva y Vanesa Marín, principales responsables de enviar al menor de 4 años, Ángel López, a vivir con su madre y su pareja.
Las especialistas fueron denunciadas por violación de los deberes de funcionario público y falso testimonio (Art. 248 y 275 del Código Penal), ya que actuaron como peritos designados en la causa en la que la progenitora reclamaba la tenencia del menor, junto con una denuncia hacia el padre de Ángel, Luis López, en la que, afirman, falsamente se lo había acusado de violencia.
Pese a que los principales imputados por la muerte del menor son su madre Mariela Altamirano y su padrastro, quien ya contaría con antecedentes de maltrato, y que actualmente se encuentran detenidos a la espera del juicio, la responsabilidad que se le atribuye a las psicólogas del cuerpo forense es porque su informe resultó trascendental para que el juez ordene la revinculación de Ángel con su madre biológica, a pesar de existir serias advertencias de parte del padre del menor, y del propio Ángel que, aseguran, pidió a gritos no ir con su madre.
El propio padre de Ángel denunció que la psicóloga Leiva se reía de él y de su pareja que criaron a Ángel desde que era un bebé, e hizo caso omiso a todos los videos que advertían que el niño era maltratado en la vivienda de Mariela Altamirano.
El dr. Raúl Magnasco, presidente de la Fundación Mas Vida detalló que “el principal eje de la denuncia consiste en el informe falso que las peritos presentaron para forzar la revinculación, desoyendo al padre por cuestiones mas ideológicas que técnicas, abandonando a la víctima que requería de su protección».
Además, el documento detalló otro aspecto como el «haber omitido realizar el estudio ambiental, debido a que el lugar donde residia Altamirano no estaba habilitado para criar a ningún niño». Por último, remató: «solo con eso habría sido suficiente para salvar la vida de Ángel y no lo hicieron. Faltaron a su deber.”
La denuncia fue recibida por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia y posteriormente remitida a la Unidad Fiscal de dicha ciudad.
