El peronismo no aceptó la conformación de las comisiones que comenzarán a tratar la propuesta del gobierno nacional y adelantó que no participará de las reuniones y que judicializará todo. Asoma un escenario de alta conflictividad en la Cámara Alta
El Senado enfrenta un momento de alta tensión con el tratamiento del proyecto de reforma laboral que comienza a analizarse hoy en la Cámara alta. La decisión de avanzar con el debate de leyes en sesiones extraordinarias, con las quejas de las minorías, profundizó la crisis y dejó en evidencia la estrategia que impulsará el peronismo de seguir entorpeciendo los cambios impulsados por el gobierno nacional.
El primer chispazo se produjo en la conformación de la comisión de Trabajo y Previsión Social para tratar la iniciativa que impulsa el oficialismo. Y los protagonistas fueron Patricia Bullrich (LLA) y el peronista José Mayans, quien impugnó el procedimiento utilizado para conformar las comisiones, denunció la violación del reglamento y la Constitución, y anunció que llevará el caso ante la Justicia.
En respuesta a las acusaciones, Patricia Bullrich desestimó los argumentos y defendió la legalidad del proceso y la continuidad de las actividades parlamentarias: “Simplemente, presidente, por favor proceda a lo que vinimos a hacer, a la elección de las autoridades y la puesta en marcha de la Comisión. Muchas gracias”.
Tras ser elegida presidente de la comisión, Bullrich anunció la convocatoria al debate de manera contundente, mientras Mayans (a su lado) gesticulaba y se quejaba en voz alta, pero sin el micrófono activado y gritó: “¡Acá hacen lo que se les canta las pelotas!“. Nada de eso le interesó a la senadora de LLA, que cerró la reunión: “Estando constituida la Comisión, se cita a esta Comisión a las 11 de la mañana para el debate de la ley. Queda abierta la sesión para las 11 de la mañana. Gracias. Vamos. Se junta esta sesión y se cita a la Comisión a las once de la mañana. Muchas gracias”.
En ese marco, el peronismo ratificó su decisión de no participar en las reuniones y de judicializar el proceso, argumentando que la ley en discusión carece de legitimidad desde su origen y que la conducción parlamentaria ha incurrido en graves irregularidades.
