En un operativo de gran envergadura, más de 60 gendarmes y 20 móviles irrumpieron ayer en 17 puntos clave de la provincia de Salta, incluyendo clínicas, consultorios médicos, oficinas municipales y dependencias sociales.
La investigación, liderada por el fiscal federal Carlos Amad y ordenada por el juez Julio Bavio, apunta a desmantelar una red que habría gestionado de forma irregular más de 22.000 pensiones por discapacidad solo en localidades del interior salteño, como Joaquín V. González y El Quebrachal. El caso destapa una millonaria defraudación al Estado nacional.
La pesquisa, que lleva seis meses de trabajo, se encuentra en una etapa crucial. Los allanamientos permitieron secuestrar computadoras, celulares, cámaras de seguridad, dinero en efectivo y documentación que, según fuentes judiciales, probaría la existencia de una trama delictiva. Esta red involucraría a médicos, bioquímicos, gestores, funcionarios municipales y actores políticos, quienes habrían falsificado certificados médicos para justificar pensiones por invalidez inexistentes. Los cargos que se perfilan incluyen asociación ilícita, falsedad ideológica y defraudación al erario público.
En Joaquín V. González, los gendarmes intervinieron oficinas de ANSES, el área de Acción Social y el CIC del barrio San Antonio, señalado como un epicentro de la operatoria fraudulenta. En El Quebrachal, los procedimientos alcanzaron consultorios privados y dependencias municipales, donde se emitían Certificados Médicos Obligatorios (CMO) apócrifos. En la capital salteña y en Talavera también se realizaron operativos, consolidando un mapa de irregularidades que abarca múltiples puntos de la provincia.
El esquema, según la investigación, operaba como una verdadera “industria” de pensiones truchas, con precios establecidos para diagnósticos falsos de enfermedades como Chagas o diabetes. Esta operatoria no solo se limitaba a Salta, sino que se extendía a provincias vecinas como Jujuy y Chaco. La magnitud del fraude es tal que, según estimaciones oficiales, el Estado nacional perdió más de 3.400 millones de dólares en 2024 por estas maniobras.
El caso en Salta tiene su origen en una investigación previa en Chaco, donde el fiscal Amad descubrió que un médico de Joaquín V. González emitía certificados falsos para habitantes de Taco Pozo, una localidad chaqueña con 840 pensiones truchas confirmadas. Ese expediente, que ya cuenta con 13 imputados, reveló un circuito ilícito que involucra a médicos, bioquímicos, administrativos y funcionarios, todos beneficiados por cobros ilegales a cambio de gestionar pensiones fraudulentas.
Ahora, la Justicia federal en Salta avanza con el análisis del material incautado, que incluye conversaciones y registros que comprometerían a los involucrados. La investigación promete destapar responsabilidades de profesionales de la salud, gestores y funcionarios, algunos aún en actividad, que habrían participado en esta red delictiva. La próxima etapa será la formalización de imputaciones, un paso que podría sacudir el escenario político y social de la provincia.
