En el inicio de los alegatos del juicio por corrupción en la Unidad Carcelaria 1 de Salta, la Fiscalía detalló un entramado criminal que involucra a funcionarios penitenciarios, internos y familiares en la comercialización de drogas y exacciones ilegales dentro del penal.
El fiscal especializado en Narcocriminalidad, Gustavo Torres Rubelt, aseguró que las pruebas reunidas muestran “la traición más absoluta a la promesa de resocialización del Estado”, ya que en lugar de cortar vínculos con el delito, los presos los perfeccionaban gracias a un sistema donde “todo tiene un precio”.
Según la acusación, la red estaba compuesta por tres engranajes: internos que lideraban la organización, familiares encargados de la provisión y triangulación financiera, y personal penitenciario que garantizaba el ingreso y la venta de drogas. La Fiscalía calificó la estructura como “una empresa criminal sofisticada enquistada en el corazón del Servicio Penitenciario”.
Además de la venta de estupefacientes, se probaron exacciones ilegales, es decir, cobros indebidos a internos y familiares por parte de guardiacárceles. Entre los acusados figuran los funcionarios penitenciarios Sergio Moya, Francisco Bisceglia, Marcos Bucotich, Raúl Arjona, José Luis Alarcón y Marcelo Castaño, señalados como partícipes del negocio.
La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio recordó que la investigación comenzó tras denuncias de internos y de la propia exdirectora del Servicio Penitenciario, Carina Torres, quienes advirtieron sobre las maniobras ilegales. El proceso incluyó escuchas telefónicas y el análisis de más de 100 cuentas bancarias que permitieron seguir el flujo del dinero.
Tras siete horas de exposición, el Tribunal de Juicio —integrado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar— pasó a un cuarto intermedio hasta hoy a las 8:30 para la continuidad de los alegatos.
