Las intendencias de Tartagal y General Mosconi, se encuentran bajo la lupa de la justicia. Tras las innumerables denuncias de beneficiarios del Plan Acompañar contra funcionarios municipales, los fiscales comenzaron a investigar.
Acompañar es un programa nacional de apoyo económico por el lapso de 6 meses. Las beneficiarias perciben unos $52.000 mensuales, equivalente a un sueldo mínimo vital y móvil. Está dirigido a mujeres que se encuentran en contexto de violencia de género.
El “Plan Acompañar” es uno de los tantos planes sociales que implementa el gobierno nacional, pero que manejan los intendentes, quienes los distribuyen en forma discrecional “y de acuerdo a sus necesidades electorales”. El sistema ya fue denunciado en muchas provincias del país y en Salta, las municipalidades de Tartagal y General Mosconi están en el ojo de la tormenta, pero creen que la maniobra se repetiría en casi todas las comunas de la provincia.
El más sonado de los casos y el primero en saltar fue el Carla Cordero, que era titular del Área de Mujeres de la Municipalidad de Tartagal, que dirige el intendente Mario Mimesi. Cordero es parte del “círculo rojo” del jefe comunal.
El martes, se anunció que Cordero, dejará el cargo municipal hasta que se resuelvan en la justicia las denuncias en su contra por retener en forma indebida parte de los fondos del Plan Acompañar a las beneficiarias de Tartagal.
Cordero se desempañaba como directora del Área de Mujeres y está involucrada en un escándalo por la retención de un porcentaje del Plan Acompañar, que está destinado a mujeres víctimas de violencia de género, a las beneficiarias tartagalenses.
Por FM Amigos, emisora de Tartagal, la secretaria de Servicios Públicos de la localidad Mirtha Miller anunció que Carla Cordero ya no formaría parte del ejecutivo municipal.
El concejal Nicolás Arce confirmó las expresiones de Miller, pero fuentes cercanas informaron a Nuevo Diario que la funcionaria abandonaría su puesto de forma “momentánea” hasta que se resuelva la situación en la Justicia. Aún se desconoce si continuara percibiendo su sueldo.
La causa avanza y los tres ediles que efectuaron la primera denuncia, Luis Arce, Elba Rodas y Ernesto Restom, fueron citados por José Luis Bruno, Fiscal General de Orán, para ratificar la denuncia efectuada. “En teoría, ya está investigándose y hay una denuncia de otra damnificada además de la nuestra”, indicó Arce.
Pero las denuncias no terminan con los funcionarios tartagalenses, sino que extienden al vecino municipio de General Mosconi, en donde Concejo Deliberante conformó una comisión de investigación ante la denuncia de irregularidades en el pago del Programa Mosconi Avanza. Finalmente, la comisión en un informe confirmó el desfalcó de al menos $18 millones anuales y se acusa principalmente a 3 empleados municipales cercanos al intendente Isidro Ruarte.
La denuncia fue confeccionada por los concejales Norma Cabral, Karen Rodríguez, Juan Pablo Brito y Esteban Vargas, quienes llevaron a cabo la investigación ante la denuncia de la concejal Ana Palma, quien fue la primera en advertir las irregularidades.
La maniobra se habría detectado cuando el intendente de la localidad Isidro Ruarte ordenó la bancarización del Programa Mosconi Avanza, para el pago a planilleros que realizan labores dentro del municipio y no son planta permanente. Previo a la bancarización de los pagos a través del Banco Macro, el programa registraba liquidaciones de $3.227.195 mensuales, mientras que luego de la intervención bancaria los pagos se redujeron a $2.074.835. Esta reducción drástica del pago de los beneficiarios fue lo que determino las denuncias que el concejo avanzo en investigar.
Finalizadas ya las tareas en un informe que emitieron los ediles, se concluyó que hubo existencia de irregularidades en la confección de planillas de beneficiarios, adulteración de datos de beneficiarios incorporados en las planillas, uso indebido de datos personales, irregularidades en la entrega de ayudas económicas, irregularidades en los procesos de entrega de sumas de dinero para efectivizar pagos a beneficiarios por parte de Tesorería e inexistencia de procesos administrativos para ejecución del Programa Mosconi Avanza.
Según señaló Palma, la teoría que manejan los ediles consiste en que las personas acusadas de los manejos de los fondos, falseaban la documentación o la identidad de las personas beneficiarias, lo que además da cuenta de la falta de organismos de control internos en el municipio. Además, la suma que se defraudó está calculada en un aproximado de $18 millones anuales acumulados en el último año.
Los apuntados por el hecho son los empleados de la Municipalidad de General Mosconi Héctor Acosta, Sergio López y Noelia Barrios, a quienes el propio Ruarte les habría cedido la potestad de llevar adelante la ejecución del programa.
Entre las pruebas que reunieron los ediles, se encuentran testimonios por parte de vecinos y empleados municipales que dan cuenta de la irregularidad en cómo se manejaron los fondos del programa.
“La conclusión de esta información se entregó ya al intendente y este martes va a ingresar a la fiscalía”, informó Palma, asegurando que seguirán por la vía penal sobre este hecho.
En tanto en la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, a cargo del fiscal federal José Luis Bruno, confirmó que lleva adelante diversas diligencias en torno a denuncias realizadas por supuestas irregularidades en el otorgamiento de beneficios del «Programa Acompañar», solventado con fondos del gobierno nacional.
La auxiliar fiscal María del Carmen Núñez señaló que las medidas en curso, algunas de ellas concretadas ayer al mediodía en la fiscalía, tienen como objetivo reunir evidencias que permitan establecer la posible responsabilidad de funcionarios u otros agentes en la entrega de dichos beneficios.
Nuñez se abstuvo de precisar con más detalles las diligencias en trámite, aunque sí aclaró que la Fiscalía de Distrito, a cargo del fiscal general Eduardo Villalba, está al tanto del caso. Indicó que las irregularidades denunciadas son de carácter grave, lo que promovió la intervención inmediata de la fiscalía.
Diversos medios norteños se hicieron eco de rumores sobre el manejo y el direccionamiento de planes sociales que vienen de Nación y que se han transformado ahora en otro escándalo en el norte de la provincia.
Es por eso que el titular de la oficina Tartagal de ANSeS, Santiago Moyano, pidió públicamente que se hagan las denuncias en la Justicia, más específicamente en el Escuadrón 52 de la Gendarmería. El programa en cuestión involucra a mujeres e integrantes de minorías LGBTI+-.
