Un asesor jurídico, dos empleados de Archivo y un permisionario de estacionamiento medido están imputados por presunto fraude en perjuicio de la administración pública, concusión y asociación ilícita.
Durante la audiencia, el juez Marcelo Rubio admitió las pruebas presentadas por la Fiscalía y por la única defensa que realizó un ofrecimiento probatorio.
Una funcionaria detectó e informó en el año 2021 sobre la venta no autorizada de actas de nacimiento, matrimonio y defunción que debían ser tramitadas por los canales habilitados y mediante el pago del arancel correspondiente.
El modus operandi tenía al permisionario como captador de posibles clientes, a quienes les solicitaba dinero para gestionar la documentación. Para ello, habría recibido los pedidos y el dinero y luego requerido las actas a sus contactos dentro del Registro Civil.
¿Las actas eran emitidas como “trámite oficial”, modalidad que permitía su expedición sin el pago de la tasa correspondiente. Una vez obtenidas, eran entregadas al permisionario, quien las vendía a los interesados por montos superiores a los establecidos oficialmente.
