El ex intendente y actual diputado provincial por San Carlos, Héctor Raúl Vargas, fue imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, tres hechos de peculado y dos de falsedad ideológica de documento público.
La investigación a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, abarca la compra y venta de terrenos destinados a un loteo social, fondos de un programa nacional y retiros de una cuenta municipal por más de $64 millones.
Durante la audiencia de imputados, el actual legislador fue asistido por un abogado particular e hizo uso de su derecho a no declarar ni responder preguntas de la Fiscalía.
Las denuncias fueron realizadas entre 2023 y 2024, vinculadas con la administración de fondos públicos durante la gestión de Vargas al frente de la Municipalidad de San Carlos. La primera de ellas fue radicada en mayo de 2023 por un concejal de esa localidad, que denunció que, en julio de 2021, Vargas adquirió a nombre de la Municipalidad, por $15 millones, un inmueble de tres hectáreas y 1.500 metros cuadrados, perteneciente a la matrícula 2608, sin contar con autorización del Concejo Deliberante. Señaló que, pese a los sucesivos pedidos de informes, la documentación relacionada con la operación fue remitida recién en abril de 2023.
De acuerdo con el análisis realizado por el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), por la venta de los lotes ingresaron $16.883.100, de los cuales se utilizaron $15 millones para cancelar la compra del inmueble.
Los peritos no encontraron registros que permitan determinar el destino de los $1.883.100 restantes. La investigación también estableció que la compra se habría realizado sin cumplir con el régimen de contrataciones y sin registrar todas las etapas presupuestarias correspondientes.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó provisionalmente a Vargas por dos hechos de falsedad ideológica de documento público.
En dos resoluciones municipales firmadas por el exintendente se consignó que el loteo contaba con matrículas individuales, planos de calles, ochavas, espacios verdes e institucionales, aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y Social y servicios o factibilidad para su provisión.
Sin embargo, durante una inspección ocular, los investigadores observaron que el terreno se encontraba vacío, con una delimitación precaria de los lotes mediante palos y sin servicios de agua, luz ni cloacas.
Por otra parte, el 5 de diciembre de 2023 ingresó otra denuncia en contra del exintendente en la que se cuestionó el destino de fondos otorgados por Nación para un proyecto productivo destinado a 20 familias del paraje San Rafael. La documentación incorporada permitió establecer que la Municipalidad había recibido $9.482.369,75 en aportes no reintegrables, en el marco del Programa de Promoción del Trabajo, Arraigo y Abastecimiento Local (PROTAAL), destinados a agricultores familiares de esa zona.
Según el análisis realizado, no fue posible reconstruir el destino de ese dinero, ya que no se encontraron órdenes de pago ni comprobantes que permitieran establecer cómo fueron utilizados los fondos. Además, el organismo nacional correspondiente informó que no constaban registros de una rendición de cuentas.
El Gabinete de Delitos Económicos del CIF determinó que, en 18 oportunidades, el entonces intendente emitió cheques de pago diferido y retiró fondos de una cuenta corriente de la Municipalidad en distintas sucursales del Banco Macro, por un total de $64.449.000.
En todos los casos, como beneficiaria figuraba la propia Municipalidad de San Carlos. Sin embargo, desde la comuna informaron que no existe documentación respaldatoria que permita determinar el destino de esos retiros.
