El crecimiento de la actividad pesquera de largo alcance, respaldada por incentivos gubernamentales, está deteriorando hábitats oceánicos fundamentales y dificultando la protección efectiva de especies y zonas vulnerables
El impacto ambiental de la pesca industrial china asociado a su expansión global va mucho más allá de la sobreexplotación de recursos: expertos alertan que el masivo despliegue de embarcaciones del gigante asiático, impulsado por subsidios estatales otorgados por el régimen de Beijing, provoca un severo deterioro en la biodiversidad marina y agrava las tensiones geopolíticas, con consecuencias de largo alcance.
Según un informe de la organización Oceana, publicado por el economista Noah Smith en su blog de Substack, el análisis de la actividad pesquera de China entre 2022 y 2024 revela que 57.000 barcos industriales chinos ejecutaron el 44% de la pesca global visible en ese período. Estas embarcaciones representaron el 30% del esfuerzo pesquero en alta mar, reuniendo más de 8,3 millones de horas de pesca.
Tradicionalmente, la humanidad ha resuelto la contaminación local, como la del aire y el agua, mediante regulaciones y tecnología, sobre todo en países desarrollados. Cuando el daño ambiental es global —como el cambio climático— los acuerdos internacionales enfrentan el dilema de los “polizones”, porque ningún país quiere asumir la carga de una transición cuyos beneficios benefician a otros.
Un tipo de daño menos debatido es el que afecta directamente al equilibrio de los ecosistemas y la vida silvestre, con consecuencias menos tangibles en el presente, pero fatalmente irreversibles para las futuras generaciones. La degradación de los hábitats marinos, como los arrecifes coralinos y los fondos oceánicos, muchas veces avanza sin protestas ni presión política, ya que las víctimas directas carecen de voz social, de acuerdo al artículo escrito por Smith, ex columnista de Bloomberg y cuyo blog se hizo muy popular en ámbitos académicos.
China ha reducido la sobrepesca en sus aguas interiores por razones ecológicas y económicas, incluyendo el control de la erosión y la desertificación, y una mejor conciencia sobre la biodiversidad. Sin embargo, estas políticas contrastan con su accionar fuera del territorio nacional, donde los barcos chinos operan masivamente tanto en aguas internacionales como en zonas económicas exclusivas de países en desarrollo.
Una investigación de la organización periodística de investigación marina Outlaw Ocean Project destaca que 357 de 751 buques calamareros chinos analizados estuvieron vinculados a violaciones ambientales o de derechos humanos. Más de 100 de estos barcos pescaron ilegalmente: capturaron especies protegidas, emplearon juegos de pesca prohibidos, no portaban licencias o abandonaron capturas indeseadas en el mar, en todos los casos incumpliendo las leyes. Los métodos para eludir controles incluyeron la desactivación de transpondedores, la falsificación de registros y el uso de empresas pantalla extranjeras. Lo habitual sigue siendo la pesca ilegal dentro de aguas soberanas de otros países.
Muchas naciones de América Latina y áfrica no cuentan con los recursos estatales suficientes para hacer cumplir sus leyes marítimas, exponiendo sus aguas a flotas extranjeras mucho más fuertes técnica y financieramente.
El informe sostiene que el problema no afecta solo a las comunidades costeras, cuyos pescadores artesanales ven peligrar su sustento frente a una competencia desigual; también produce un daño severo a la biodiversidad marina y pone en riesgo la pesca sostenible a nivel planetario.
De acuerdo con Smith, “el mundo está capturando demasiados peces”, mientras que el ritmo de explotación supera al de renovación de muchas especies. Las embarcaciones chinas emplean técnicas destructivas como la pesca de arrastre de fondo, práctica casi abandonada por Estados Unidos y Japón. Esta técnica destruye los fondos oceánicos y mata organismos que no son objetivo de la pesca; su viabilidad se sostiene únicamente por subsidios y exenciones fiscales sobre el combustible que llegan gracias a la estrategia del régimen chino.
Además, el 80% de los productos marinos consumidos en Estados Unidos son importados, con China como su principal proveedor, lo que significa que la sobrepesca se traslada, en términos de impacto ecológico, a los países menos capaces de fiscalizar o negociar en igualdad de condiciones.
En el plano estratégico, aunque China ha comenzado a recortar algunos subsidios en los últimos años, estos recortes han sido lentos y limitados respecto a la actividad en aguas internacionales. Las motivaciones del Estado chino van más allá del interés económico: según explicó Huang Jing, exdirector del Lee Kuan Yew School of Public Policy en Singapur, los pescadores chinos “actúan como personal paramilitar de facto”, sirviendo de herramienta para proyectar poder y sostener las reclamaciones territoriales bajo fachada civil. La presencia conjunta de pesqueros y guardacostas de China ha generado conflictos en puntos distantes como Corea del Norte, México o Indonesia.
Así, Smith concluye que los subsidios cuasi-militares a la flota pesquera china convierten la sobrepesca en un instrumento de política exterior y espionaje internacional, con graves consecuencias colaterales para el mar.
Organizaciones internacionales como Greenpeace denunciaron el problema en décadas previas, aunque la presión disminuyó con el tiempo. Solo excepciones, como la ONG internacional de defensa marítima Sea Shepherd, mantuvieron la alerta.
El análisis asocia esta reducción en el foco ambientalista con la tendencia de ciertos movimientos ecologistas a dirigir sus críticas principalmente a Occidente, dejando fuera de su radar los abusos de economías no occidentales como la china. Actualmente, la mayoría de las denuncias sobre la sobrepesca china provienen de sectores de política internacional más duros que de ambientalistas tradicionales.
Entre las posibles soluciones se destaca la propuesta de una prohibición mundial de la pesca de arrastre de fondo, “sin excepciones”, medida que solo sería posible eliminando los incentivos fiscales y energéticos que hoy sustentan esa práctica. También se sugiere autorizar que los Estados habiliten a particulares a incautar y vender barcos pesqueros ilegales dentro de sus aguas, en una modalidad comparable al corsarismo histórico, para enfrentar la pesca predatoria cuando los recursos oficiales resultan insuficientes.
