Después del casi cincuenta años los familiares de los soldados caídos mientras defendían un cuartel de un ataque del grupo guerrillero Montoneros en la provincia de la Formosa, recibirán una compensación. El ataque se produjo el 5 de octubre de 1975 y por impulso del peronismo sólo recibieron indemnizaciones los terroristas que atacaron y mataron a los conscriptos.
Sobre tablas, y con 40 votos afirmativos y 12 abstenciones, obtuvo media sanción una compensación económica para familiares de la Defensa del Regimiento de Monte 29, en la ciudad de Formosa.
El hecho ocurrió el 5 de octubre de 1975, cuando miembros de la organización Montoneros atacaron un cuartel del Ejército, que finalizó con 13 soldados muertos y el robo de armamento. Victoria Villarruel hizo un comentario luego de la aprobación: «Estas personas nunca fueron reconocidas a nivel nacional, por lo que en estas gradas deberían estar sus familiares, pero luego de 49 años han muerto las viudas. Solo quedan los hijos que hoy tendrán el reconocimiento del Senado».
En el ataque fallecieron el subteniente Ricardo Massaferro, el sargento Víctor Zanabria, que dejó una esposa y dos hijos, y los soldados Antonio Arrieta, Heriberto Ávalos, José Coronel, Dante Salvatierra, Ismael Sánchez, Tomás Sánchez, Edmundo Sosa, Marcelino Torantes, Alberto Villalba y Hermindo Luna. También murieron tres civiles, ajenos a la acción.
El presidente Mauricio Macri firmó el decreto de necesidad y urgencia 829 de reconocimiento el derecho de los familiares de los soldados caídos y a los que hubiesen sido gravemente heridos a cobrar una indemnización. Entre los fundamentos, se señala “…mitigar el dolor, la angustia, la tristeza y la impotencia sufrida por tantos años de olvido”, y destaca que “recordar y honrar a estos valientes hombres de la Patria es una responsabilidad y obligación del Estado Nacional”.
Pero con la llegada del kirchnerismo al poder dejó sin efecto el instrumento legal. De los trece guerrilleros muertos en el enfrentamiento, familiares de al menos nueve de ellos cobraron entre los años 2001 y 2014 unos $81,3 millones a valores actualizados por inflación. El Estado los reconoce, además, como víctimas de la represión ilegal en el Parque de la Memoria.
Cobraron indemnizaciones, Ramón José Briggiler Reinaldo (por $16,7 millones a valores actuales), José Daniel Graziano ($14,3 millones), Alfredo Rubén Velázquez ($10,8 millones), Arturo Inocencio Mariani ($9,6 millones), Juan Sebastián Hernández ($9 millones), Luis Carlos Morero ($6 millones), Vìctor Higo Iribarren ($5,2 millones), Saúl Mario Kobrinsky ($4,7 millones) y Carlos Lorenzo Livieres Banks ($4,6 millones).
La ley de reparación 24.411 y sus posteriores ampliaciones y prórrogas contemplan el pago de indemnizaciones por desaparición forzada o fallecidos por la acción del terrorismo de Estado, beneficios que luego se extendieron a los que partieron al exilio y a los herederos de las víctimas, pero que no alcanza a quienes se levantaron contra el orden constitucional.