Debido a las amenazas efectuadas por grupos narcos que actúan en la provincia de Salta, se montó un fuerte sistema de seguridad en torno a Ciudad Judicial y de sus principales funcionarios. La imagen es inédita y deja en claro el fuerte avance de los grupos delictivos en Salta
Efectivos del Grupo de Operaciones de Alto Riesgo (GOPAR) de la Policía de Salta, armados con fusiles de largo alcance, complementan la guardia permanente de policías. También se restringió el acceso de vehículos a la playa de estacionamiento, el tránsito en las inmediaciones fue igualmente limitado, con abogados debiendo mostrar su identificación para entrar al área interna del Poder Judicial. Los controles se completa estricta vigilancia en todo el complejo judicial, lo que incluye cacheos a empleados como personas que van por trámites.
Las medidas, nunca antes vistas, fueron tomadas luego que el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, recibiera amenazas. Pocos días después el mismo procurador dio a conocer un plan conspirativo en su contra, de la mano de bandas narco que operan en Salta desde hace décadas.
Las amenazas pusieron en alerta no sólo al Ministerio Público, sino a todo el sistema judicial de la provincia, en un momento donde la infiltración del crimen organizado en el Poder Judicial de Salta aparece como una realidad inocultable.
“Se contactaron con personas de Buenos Aires y de Córdoba para atentar contra la vida del jefe de los fiscales de Salta”, detallaron investigadores quienes, incluso, dieron a conocer la cifra que, presuntamente, ofrecieron los autores del plan. “Aunque hablaban de 100 millones de dólares, creemos que la suma era de 100 mil dólares”, aclararon desde el Ministerio Público.
“En este caso, llama la atención que no es, técnicamente, una amenaza. Una amenaza persigue lograr una concesión o hacer o dejar de hacer, asustar a quien está dirigida la amenaza. En este caso, no hubo amenaza, hubo silencio y la planificación para pretender un ataque conspirativo”, dijo a la prensa Castiella.
“Es algo serio porque no hay antecedentes en la provincia ni en Argentina. Lo grave de esto es que es una afrenta y un desafío a las instituciones de la provincia, en el caso, al Ministerio Público Fiscal”, agregó el procurador. En los últimos años, Castiella creó unidades fiscales destinadas a atacar el crimen organizado, entre ellas, la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico para la Investigación de Casos Graves ocurridos en el Norte de la Provincia.
El poder y las actividades narcos en la provincia crecieron durante años, tanto debido a la falta de una política de seguridad a nivel nacional, como a la connivencia de un sector del poder político y judicial provincial. Son conocidos los casos como el del Juez Reynoso, el ex intendente Sergio Oliva, de Aguas Blancas, o el concejal Mauricio Gerónimo, entre decenas de casos.
En el norte de Salta, en la frontera con Bolivia se teje una compleja red de organizaciones narcos que acrecientan su poder e influencia, desde las cárceles donde están encerrados sus líderes. Al mismo tiempo, nuevas bandas buscan asentarse en el territorio, una cuestión que alienta las “mexicaneadas”, el robo de cargamentos entre bandas, secuestros y el sicariato.
Según las fuentes de la investigación, el primer nombre que surge es el de Cristian Gabriel “Gringo” Palavecino, ligado al capo narco Ricardo “Coya” Rojas y al sicario Alejandro “Cabezón” Díaz.
Palavecino, que estaba prófugo desde 2017, fue detenido en Orán, en octubre de 2023, por un millonario robo a la frutihortícola Abra del Sol. La causa en su contra cuenta con videos en los que el narco exhibía, en algún lugar no identificado de Orán, “una pequeña fuerza de seguridad propia, gente con pasamontañas, ametralladoras, fusiles FAL, inhibidores, TNT, detonadores con wifi y uniformes”.
“Las imágenes también lo muestran en una especie de sala de interrogatorios, con puertas de hierro, en la que presionaba a personas para que hablaran”.
Al mismo tiempo, las fuentes creen que otra motivación estaría relacionada con los pedidos de jury a jueces de garantías salteños, por el pago de dádivas. En ese sentido, mencionan la filtración de datos sobre la investigación del homicidio de César “Oreja” Martínez, hermano del intendente de Aguas Blancas, Carlos “Conejo” Martínez.
Por último, sospechan que un brazo del clan Castedo, dedicado al mexicaneo de otras organizaciones que buscan hacer pie en la zona, podría ser parte del “acuerdo de colaboración”.
