Originarios ratificaron las denuncias por prohibición de tránsito entre las comunidades. La comunidad coya Tinkunaku, le niega el paso a los pobladores de que habitan las serranías de Orán. Hay denuncias de amenazas y cobro de “peajes”.
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Durante el fin de semana, representantes de las comunidades originarias coyas de Río Blanquito de Santa Cruz, San Andrés, Los Naranjos y El Angosto de Paraní de Orán ratificaron su denuncia por las reiteradas prohibiciones del libre tránsito a las comunidades en el ingreso al paraje denominado Las Juntas.
Loa delegados aborígenes, denunciaron “hostigamientos, atropellos, malos tratos, las campañas del miedo, los cobros indebidos del uso de la tierra, uso y abuso del nombre de nuestras comunidades en beneficio ajeno y particular, e ilegalidades varias por parte de la presidenta de la Asociación Civil denominada Tinkunaku”, que viene siendo cuestionada y denunciada por estos hechos a nivel nacional.
Es por eso que las comunidades se declararon en estado de alerta y movilización y adelantaron que solicitarán a las autoridades nacionales y provinciales que actúen de manera urgente para que la asociación civil Tinkunaku sea dada de baja, o se dicte intervención a la misma, “por considerar que actúa fuera de la ley”, señalaron. Las denuncias fueron efectuadas formalmente a la persona de María Canaviri, quien es la presidenta de la Asociación Tinkunaku y quien determinó la prohibición de tránsito.
El reclamo no es nuevo, y alcanzo repercusión nacional, cuando los miembros de las 4 comunidades coyas resolvieron viajar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para reclamar el cumplimiento de la ley N° 24.242 que les otorga la propiedad de las tierras que en 2.011 fueron adjudicadas a un tercero, es decir, a la Asociación Tinkunaku.
Así, el 24 de abril pasado, y en el marco del día del indio americano, visibilizaron su reclamo por el cumplimiento de la ley N° 24.242 sancionada en el año 1993 y que establece «la transferencia de las tierras expropiadas a la autoridad de aplicación creada por la Ley 23.302, la que adjudicará las mismas en propiedad a las comunidades aborígenes del pueblo coya actualmente radicado dentro de los límites de la finca conocida como San Andrés, en Orán.
No obstante, en el año 2011 el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) adjudicó dichas tierras a la mencionada entidad.
