En una inaudita cadena nacional, El presidente de la Nación, Alberto Fernández, avaló una maniobra de espionaje ilegal, violando la intimidad de los ciudadanos y ordenó denunciar a jueces y fiscales por supuestos chats obtenidos en un hackeo a Telegram. Las pruebas del complot judicial, fue obtenida de manera ilegal y no se comprobó, ni se comprobará la veracidad de los contenidos robados por los servicios de inteligencia.
En un discurso de menos de seis minutos difundido por cadena nacional, Alberto Fernández se expuso ayer de manera personal, política e institucional como nunca antes. El Presidente avaló una operación de espionaje ilegal sobre las comunicaciones personales de ciudadanos argentinos que ocupan cargos de funcionarios públicos, judiciales y empresarios e instruyó a sus subordinados a iniciarles causas penales por el presunto contenido de esos mensajes que él mismo reconoció que fueron obtenidos de modo ilícito.
Se trata de un hecho sin precedentes y a la luz pública que ocurrió a pocas horas del veredicto en la causa Vialidad sobre Cristina Kirchner. Ese proceso judicial esta tarde podría terminar en la primera condena por corrupción contra una ex presidenta y vicepresidenta en ejercicio de toda la historia argentina.
En ese marco de desasosiego político que atraviesa en general al Frente de Todos, el presidente sucumbió a la última claudicación frente a la líder excluyente del cuarto gobierno kirchnerista. Tras años de prometer la erradicación de los “sótanos de la democracia” Alberto Fernández habló en cadena nacional sobre esa serie de mensajes obtenidos de manera clandestina de la plataforma Telegram. Se trata de chats cuya veracidad es imposible de determinar por su propia condición de ilegales.
La polémica se da en torno a un viaje que habrían realizado jueces, fiscales, funcionarios y empresarios de medios a Lago Escondido, en Bariloche, a mediados de octubre de este año. De acuerdo a la interpretación del Presidente, los involucrados pudieron haber cometido diversos delitos, entre ellos “percepción de dádivas” o incluso “incumplimiento de deberes de funcionario público”.
En términos jurídicos, se trata de un elemento con calidad probatoria igual a cero. Según la teoría del fruto del árbol envenenado -cardinal para cualquier proceso judicial- una prueba obtenida de manera ilegal, aún siendo verdadera en términos formales, no puede ser utilizada por estar viciado su origen.
En su discurso por cadena nacional, Alberto Fernández reconoció que estaba dando por ciertos mensajes que fueron “chupados” mediante un hackeo ilegal y violatorio de las más básicas normas de protección de la intimidad: “No dejo de advertir que lo que ha trascendido es, aparentemente, el resultado de la intromisión en una plataforma de comunicación. Pero eso no es obstáculo para indagar cuál ha sido el propósito de ese viaje, quiénes participaron del mismo y quien financió el traslado y hospedaje de los viajantes”.
Pese a que reconoce el controvertido origen ilícito del material que difundieron con intensidad medios y dirigentes kirchneristas desde el fin de semana, el presidente desestimó esa cuestión, los dio por válidos y lanzó una serie de instrucciones al ministro de Justicia, el ultrakirchnerista Martín Soria, a su representante ante el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, y a los diputados porteños y nacionales. A saber:
“1) Instruir al Ministro de Justicia a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal, a fin de solicitar que se investigue penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión, en especial, lo relacionado a su financiamiento.
“2) Instruir al representante del PEN ante el Consejo de la Magistratura para que solicite la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales.
“3) Solicitar al Bloque de Legisladores del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires que evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados y, de corresponder, presentar el Juicio Político a los funcionarios de la Ciudad involucrados.
“4) Una vez más, solicitar al Congreso de la Nación que avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación”.
Esas instrucciones fueron difundidas tanto mediante una comunicación oficial del gobierno nacional como leídas durante el mensaje que difundió el Presidente por cadena nacional. Pero en ningún momento, al menos hasta esta mañana, Alberto Fernández instruyó a subordinado alguno a que arbitre los medios y se presente ante la Justicia para determinar la ostensible violación al derecho a la intimidad de los afectados por la filtración.
Se trata todo este escandaloso episodio de una nueva embestida del kirchnerismo contra sus enemigos preferidos: la Justicia que investiga la posible comisión de delitos por parte de Cristina Kirchner y su equipo; los medios de comunicación independientes que informan y opinan sobre esas causas y otras cuestiones del quehacer nacional; y los dirigentes de la oposición que se preparan para enfrentar al oficialismo en las próximas elecciones.
A esa permanente dialéctica se le sumó con una prepotencia y descuido infrecuentes en su estilo el propio presidente Alberto Fernández, que a medida que se aleja y empeora la relación política con la vicepresidenta, mayores muestras de fe trata de explicitar.
Ya había pasado con la última cadena nacional que el presidente protagonizó: fue en la madrugada del 1 al 2 de septiembre, pocas horas después del impactante intento de magnicidio. A medianoche, el Presidente anunció un feriado y la suspensión de las clases que complicó la vida cotidiana de los argentinos y terminó por abortar cualquier sentimiento de empatía con la vicepresidenta.
Esa sobreactuación no le generó ni un gesto de agradecimiento o señal de distensión por parte de la Vicepresidenta. Hasta su discurso en la Asamblea General de la ONU, donde se refirió al atentado, no fue merecedor ni siquiera de un me gusta en redes sociales
El origen de la filtración es atribuido a un hackeo del teléfono celular del ministro de Seguridad de la ciudad, Marcelo D’Alessandro, quien esta mañana negó la veracidad de los diálogos y adelantó que también irá a la Justicia. El funcionario es uno de los mencionados como parte de la comitiva que viajó a Lago Escondido. Otro de los involucrados es el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola, que también presentó una denuncia.
El resto de los integrantes de la filtración serían el juez federal Julián Ercolini; el camarista de Casación Carlos Mahiques; el juez en lo Contencioso Administrativo federal Pablo Cayssials; al jefe de los fiscales de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques; los directivos del Grupo Clarín Jorge Rendo y Pablo Casey; el asesor de comunicación Tomás Reinke; y el ex director de jurídicos de la SIDE, Leonardo Bergroth.
”Yo puedo demostrar que el chat está editado”, advirtió el ministro D’Alessandro, quien recibió un fuerte respaldo de parte del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta: “Estamos frente a una nueva operación del kirchnerismo que recurre a la manipulación de la información y al espionaje ilegal. Intentan distraer la atención de los temas importantes y generar la sensación de que somos todos lo mismo”, afirmó el Ejecutivo porteño.
Por su parte, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, también se sumó a los cuestionamientos contra el presidente y la difusión del espionaje ilegal: “Dan vergüenza ajena los intentos desesperados del kirchnerismo para eludir a la justicia. Pero ni violando la ley podrán ocultar la realidad”, respondió la dirigente al mensaje que difundió el propio D’Alessandro.
La cadena nacional de este lunes puso a Alberto Fernández frente a la ruptura de una de las vigas maestras del ideario con el que asumió la Presidencia de la Nación. En varias oportunidades, tanto antes de asumir como luego, ya con la banda, el bastón (y la lapicera) el primer mandatario había puesto entre sus prioridades la desarticulación de lo que él definió como “los sótanos de la democracia”.
Se trata de un valioso principio que sostiene la democracia republicana y que se aleja de lo que el eximio filósofo y cientista político italiano Norberto Bobbio definió como “il sottogoverno”. Se trata de estructuras permanentes y opacas que existen en los estados modernos y que operan tras bambalinas de los palacios, las judicaturas y los cargos electivos.
El mismo 10 de diciembre de 2019, Alberto Fernández había manifestado: “Lo digo y reitero con la firmeza de una convicción profunda: nunca más al Estado secreto, nunca más a la oscuridad que quiebra la confianza. ¡Nunca más a los sótanos de la democracia! ¡Nunca más es nunca más!”.
Se trató de un principio rector en la paleta discursiva a la que echaba mano para, entre otras cosas, diferenciar su experiencia en el poder de la que protagonizaron Néstor y Cristina Kirchner. El 1 de marzo 2021, ante la Asamblea Legislativa, Alberto Fernández decía: “Empecé mi presidencia interviniendo la Agencia Federal de Inteligencia y prohibiendo que cualquier agente del organismo se vincule a cuestiones de seguridad interna o estrictamente judiciales. Esperaba que con eso se iniciara un derrotero que echara luz en los sótanos de la democracia de los que entonces hablé. Pero lamentablemente no fue así”.
Y esas palabras, terminaron en un discurso que vale reiterarlo más como evocación incómoda. Se trata de un discurso que, a menos de un año, envejeció muy mal:
“Cuando asumí la Presidencia me comprometí a terminar con los sótanos de la democracia prometiendo que nunca más esas prácticas oscuras pondrían en riesgo la institucionalidad. Tengo la tranquilidad de haber cumplido con la palabra que empeñé. Me ocupé de que no existan causas armadas entre los servicios de inteligencia, las autoridades de los poderes públicos y miembros que deshonran la administración de justicia.
“Garanticé que no existan nuevos encarcelamientos sin sustento jurídico, puse fin a las escuchas o seguimientos ilegales a dirigentes opositores, a sus familias o a sus representantes jurídicos. En síntesis, dije nunca más esos sótanos que propusimos desmantelar y por eso los desmantelamos. Lo dijimos en 2019 y lo sostenemos hoy, este debe ser un compromiso de los tres poderes del Estado. En la Argentina no hay espacio para el espionaje político, no se intervienen teléfonos sin causa judicial. En la Argentina de hoy cada uno piensa y dice lo que se le da la gana. El secreto no puede ser nunca más la excusa para que el Estado institucionalice un sistema de espionaje cuyo fin sea la persecución a opositores políticos o simplemente la extorsión”.
Ese fragmento del discurso de quien es presidente y destaca su condición de profesor de derecho terminó con una ovación acalorada. Difícilmente podrá repetir esas ideas después de la cadena nacional del lunes 5 de diciembre, cuando avaló uno de los subproductos más pestilentes de il sottogoverno: el arrebato de la intimidad. Se trata de uno de los principios que protege en su artículo 18 la Constitución Nacional. “El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación”.
Fuente: Por Facundo Chaves/Infobae