La Corte de Justicia de Salta declaró la competencia originaria para intervenir en la acción de amparo promovida por la defensora y el defensor adjunto de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes contra el gobernador de la Provincia y el Poder Ejecutivo.
La acción de amparo colectiva fue promovida en favor de la totalidad de niñas, niños y adolescentes de comunidades de pueblos indígenas que habitan y viven en los departamentos de Rivadavia, Orán y San Martín -donde fue declarada la emergencia sociosanitaria-, en pos de que se garantice su derecho a la protección especial, el derecho a la vida, a un nivel adecuado de ella, a la salud, a la alimentación adecuada, al agua segura y acceso a la justicia, entre otros.
En la acción de amparo solicitaron, como «petición de fondo», que se ordene la conformación de una mesa de articulación institucional tendiente a elaborar un plan de trabajo integral e intercultural, coordinado y cooperativo, que contemple la realización de medidas adecuadas, efectivas y suficientes para restituir y garantizar los derechos esgrimidos.
Puntualizaron que dicho plan deberá contemplar objetivos y metas específicas y mensurables a fin de que se supervise su efectividad, a la vez que permita un monitoreo sistemático del avance de las acciones. Indicaron que deberán ser citados a participar en la mesa, la totalidad de funcionarios y funcionarias del poder administrador provincial, con jerarquía y conocimiento suficiente para asumir compromisos y acordar la elaboración del plan que se diseñe, participación en la que -entendieron- deberán estar incluidos los representantes legítimos de las comunidades involucradas y registradas, o sus organizaciones de segundo grado y las y los intendentes.
