Es por los delitos de incitación a la violencia y apología del delito, a partir de las manifestaciones públicas realizadas por el legislador.
La fiscal interina de impugnación, Ana Inés Salinas Odorisio, se pronunció a favor para que el diputado provincial, Ignacio Jarsún, sea investigado por los supuestos delitos de incitación a la violencia y apología del delito, luego de manifestarse a favor de la pena de muerte para violadores, tras el linchamiento de un hombre que había abusado y violado a una niña en Tucumán.
Pese a que el fiscal de Rosario de Lerma consideró conveniente desestimar las actuaciones, la fiscal Salinas no compartió el criterio e indicó que su colega omitió acciones mínimamente idóneas, destinadas a tener más información para determinar si el diputado Jarsún cometió o no dichos delitos.
En la denuncia consta que el 22 de octubre pasado, Ignacio Jarsún publicó en su cuenta de Facebook los siguientes dichos tras el linchamiento del hombre en Tucumán: “Debe existir la pena de muerte para estas lacras. Violar y asesinar a una nena de 9 años, es lo único que merece. Los vecinos lo mataron con sus propias manos, a este delincuente, que este delincuente, que 3 días antes de cometer el crimen había salido de la cárcel. Estoy muy triste por el final de Abigail, no es justo que ese sea su final, lo que sí es justo es el final de esta lacra que cometió el delito”.
Ese mismo día Jarsún mantuvo sus dichos en una entrevista en los medios de comunicación. Y agregó: “Es lo que siento como representante, para que la gente sepa cómo pienso. Estoy en una situación política en la que no quiero ser una persona que quiere quedar bien con todo el mundo, y no meterse en estos temas. Pienso como muchos de la sociedad salteña, un representante que piensa de esta manera y lo hago público, más allá que no tenga impacto en modificar en algo. Siento que no vamos bien y cada vez estamos peor, sino le damos un corte, cada vez se va a poner peor. Yo defiendo lo que pienso con criterio y responsabilidad y tolerancia en base a los que otros piensan. Estoy convencido la pena de muerte es algo que hay que aplicar en Argentina. Es oportuno plantearlo, estoy muy preocupado por la Argentina. Hay caso en que es necesario, son indefendibles, porque hay que mantenerlos después por el Estado, para que salgan por beneficio y nos pongan en riesgo”.
El legislador fue denunciado por Nora Leonard, Blanca Silvia Lescano, Juan Manuel Tejerina Castellanos, Fernando Primero Climent, Marcela Fernanda Gutiérrez, Elena Eloísa Rivero, Isabel Soria, Irene Cari, Bertha Graciela Lozano Maggi, Dina Mariela López, Fernando Ruarte, Juan Pablo Bento y Lisandro Sastre, todos con el patrocinio letrado de Noelia Edith Bonneto y Víctor Hugo Sarmiento.
Las y los denunciantes calificaron las manifestaciones del diputado como delictivas y dijeron que trataron de meras opiniones vertidas bajo el amparo de la libertad de expresión, libertad que por cierto, no es absoluta y citaron la jurisprudencia que entienden aplicable al caso.
