De verificarse que existió comercialización de plasma, la investigación correspondería al fuero federal.
El fiscal interino de Delitos Económicos Complejos, Ramiro Ramos Ossorio, lleva adelante la investigación iniciada de oficio el fin de semana pasado, cuando se hizo público que una empresa comunicó la decisión de facturar por las transfusiones de plasma de convalecientes, a pacientes afectados por la Covid-19.
En este sentido, Ramos Ossorio solicitó informes a distintos organismos públicos y entidades privadas, para avanzar en la investigación sobre la posible comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
Las solicitudes fueron remitidas al Ministerio de Salud Pública de la Provincia y de Nación, a clínicas y sanatorios privados, a la obra social provincial Instituto Provincial de Salud de Salta, al centro privado HemoSalta SRL y al Ministerio de Economía de la Provincia, entre otras medidas ordenadas en el marco de la investigación preliminar.
A partir de esa información es que el fiscal determinará si existió la comisión de delitos provinciales, como el de negociaciones incompatibles con la función pública o, el de comercialización de plasma, contemplado en el Art. 91 de la Ley 25990, conocidas como “Ley de Sangre”.
Dicha normativa establece que: “será reprimido con prisión de seis (6) meses a cinco (5) años y con multa de diez mil pesos argentinos ($a 10000) a quinientos mil pesos argentinos ($a 500000) el que intermediare comercialmente y/o lucrare en la obtención, donación, clasificación, preparación, fraccionamiento, producción, almacenamiento, conservación, distribución, suministro, transporte, actos transfusionales, importación y exportación y toda forma de aprovechamiento de la sangre humana, sus componentes y derivados, fuera de los casos autorizados en la presente ley o el que diere a la sangre, sus componentes o derivados, un destino distinto del que ella autoriza.
