El edil de Juntos por el Cambio participó de la sesión virtual de ayer del Concejo Deliberante capitalino, dentro del marco del aislamiento social preventivo y obligatorio, dispuesto para todo el territorio argentino.
Gauffin hizo uso de la palabra, tras una votación que resolvió el pase a comisión de un proyecto de Resolución que proponía que el Concejo Deliberante de la capital acompañe la posición de organismos de derechos humanos que presentaron una acción colectiva de amparo para que no se apliquen procedimientos previstos en ese decreto. El concejal exhortó a analizar cada norma en su contexto y consideró que el DNU provincial 255/20, que regula la intervención de la policía en el marco de las restricciones impuestas por el aislamiento social obligatorio, “parece exagerado, pero hay que mirarlo en el marco de la emergencia nacional y provincial”, tras lo cual advirtió que “hay que poner en foco la ley sobre la cual se redactó ese decreto. Se trata de la ley provincial 7135, que data de hace 19 años y que otorga potestad al jefe de policía para el ejercicio de las funciones que debería tener un juez contravencional.
En ese sentido, el concejal de Juntos por el Cambio remarcó que “hay una mora del Estado en la creación de los juzgados contravencionales que no fueron creados, por lo tanto el jefe de policía es el juez contravencional”.
“Cuestionamos una situación producto de la emergencia, pero la estamos viviendo hace 19 años“, prosiguió Gaufin, exponiendo que «es una ley antigua, con figuras que no nos gustan», calificándola de «cuestionable» y si bien admitió que ha sido legítima dentro de la emergencia, advirió que hay que revisarla.
Recordemos que, por imperio del DNU en cuestión, la Jefatura de policía está facultada para perseguir, detener, investigar y arrestar por hasta 60 días a quienes contravengan (actúen en contra de lo que dispone una ley, norma o mandato) las medidas de emergencia, todo ello sin la intervención de un fiscal y un juez contravencional.