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Sociedad

Ni la pandemia le pone límites a la ambición bancaria

La falta de empatía y solidaridad de los bancos es tan notoria, que las quejas en su contra es tan fuerte que ya no hay forma de acallaras en las redes sociales.

El pasado siete de abril las principales entidades bancarias resolvieron prorrogar los vencimientos hasta el 13 pasado, la medida dada conocer con bombos y platillos pretendía demostrar que las entidades financieras hacían su parte en medio de la pandemia. Nada más lejano a la realidad.

La decisión, planificada desde un principio, estaba basada más en el calendario que la solidaridad. El 10 comenzaba Semana Santa y el lunes 13 era día laborable. Simplemente tomaron el fin de semana largo, que de hecho no iban a trabajar.

Poco antes, en un viernes para la vergüenza, millones de personas hicieron largas colas frente a sus puertas para cobrar jubilaciones, pensiones y subsidios, sin considerar el enorme daño sanitario y moral que causaban. Llego a tal punto, que para paliar un poco la situación de los adultos mayores vecinos, clubes y organismo gubernamentales y municipalidades acercaron sillas para que la larga espera no sea tan dura.

Lo llamativo es que todas esas personas eran y son clientes de los bancos, entidades privadas en su enorme mayoría que cobran por sus servicios y no tuvieron la menor contemplación con ninguno de ellos.

La historia viene desde muy lejos. En Salta el Banco Macro no pone en funcionamiento más cajeros automáticos si el Estado. En 2014, el intendente de Campo Santo, Mario Cuenca, denunció que “el banco pretendía instalar un cajero automático pero exigía que se le entregara parte del edificio municipal y que el intendente se hiciera cargo de los costos de mantenimiento como, por ejemplo, el pago de la luz y del personal de limpieza”, comentaba el periodista Gonzalo Teruel en las páginas de Cuarto Poder.

“Cuenca no accedió”, por eso “Pagaba los sueldos en una oficina de la municipalidad y si hacía falta en algún vehículo oficial trasladaba a la gente hasta General Güemes para que use ese cajero automático”.

A pesar de todas estas denuncias, el Gobierno de la Provincia renovó el contrato con el Macro a mediados de 2014. “Nuestra provincia paga una comisión al Banco Macro por ser agente financiero, cuando en otras provincias es la entidad bancaria la que paga un canon al Estado para ser banco oficial”, comentó en la oportunidad la ex diputada Irene Soler, quien también expresó que “ningún funcionario brindó una explicación razonable que justifique renovarle el contrato al banco, y mucho menos la necesidad de este tratamiento exprés cuando aún faltan casi 20 meses para que el convenio concluya”.

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