El exmandatario de Ecuador, Rafael Correa, fue condenado a ocho años de prisión debido a que fue encontrado culpable del delito de cohecho agravado.
El máximo tribunal de ese país, la Corte Nacional de Justicia, decidió también que pierda sus derechos políticos por un período de 25 años para ejercer la función pública. Rafael Correa se encuentra radicado en Bélgica en carácter de refugiado político. Por esta razón, el juicio se desarrolló sin su presencia. En el marco del caso conocido mediáticamente como “Sobornos 2012-2016”, “la sala declaró su competencia e indicó que no existen nulidades que declarar, y procede al análisis del proceso”.
Por esta razón, los jueces nacionales Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez, no tuvieron problema alguno para llevar adelante el trámite judicial. En el fallo conocido hoy, se dictaminó que el expresidente sí intervino en una red de corrupción montada bajo su Gobierno. Según los magistrados, el objetivo fue el de financiar a su partido político, Alianza País.
Por su parte, desde Europa, Rafael Correa calificó al juicio “de payasada”. Al mismo tiempo, los abogados defensores cuestionaron la supuesta imparcialidad de los jueces que intervinieron. Asimismo, postularon que durante el proceso se cometieron hipotéticas irregularidades en tiempo y forma, por lo que sostuvieron que debiera anularse.
Para la fiscal de la causa, Diana Salazar, aseguró que en su investigación se demostró que “todo estaba organizado desde arriba”. Además, consideró necesario que el condenado abone una reparación económica de unos USD 1.130 millones. Éste sería el valor global de cada uno de los contratos que se habrían entregado dentro de la supuesta trama de corrupción.